México endurece el combate al lavado de dinero: IA, clave en la digitalización del cumplimiento

La prevención de lavado de dinero en México entra en una nueva fase. La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) no solo refuerza los controles vigentes; también promueve la digitalización del cumplimiento normativo. En un contexto donde la inteligencia artificial y la automatización generan nuevos desafíos en materia de verificación de identidad, el cumplimiento normativo deja de ser un mero trámite para convertirse en una herramienta para generar confianza, trazabilidad y competitividad empresarial.

Esta transformación llega en un momento crítico. México enfrenta un reto monumental en cuanto a temas relacionados con el lavado de dinero. En los últimos cinco años, el uso de “cuentas mulas” —personas reclutadas para introducir dinero ilícito al sistema financiero— se multiplicó 4.5 veces, según LexisNexis. A febrero de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado 6,969 cuentas, congelando más de 4,450 millones de pesos vinculados a operaciones sospechosas.

Las sanciones también aumentan. Solo en junio de 2025, diversas instituciones financieras fueron multadas por las autoridades mexicanas, en suma, con más de 185 millones de pesos por fallas en sus sistemas de prevención relacionadas con flujos ilícitos y narcotráfico.

Pero el desafío ya no se limita al sistema bancario. En un entorno dominado por el comercio electrónico, las criptomonedas y las operaciones transfronterizas, cualquier empresa puede convertirse —incluso sin saberlo— en un punto de entrada para el lavado de activos digitales.

Reforma antilavado en México y su impacto en las empresas

La nueva reforma a la Ley Antilavado redefine las responsabilidades corporativas en un entorno donde la frontera entre cumplimiento y ciberseguridad se diluye. Cada entidad deberá:

• Diseñar manuales personalizados de prevención del lavado de dinero (PLD);

• Designar un oficial de cumplimiento ante la Secretaría;

• Implementar sistemas tecnológicos de monitoreo automatizado;

• Verificar la identidad del beneficiario final y contar con un procedimiento para identificar y dar seguimiento a las operaciones con personas políticamente expuestas (PEPs);

• Someter sus procesos a auditorías externas independientes.

El mensaje es contundente: México busca alinearse con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y construir una infraestructura digital capaz de detectar anomalías en tiempo real, fortalecer la trazabilidad y reducir los márgenes de opacidad financiera.

Soluciones para el lavado de dinero basadas en IA

Herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) permiten monitorear transacciones en tiempo real, detectar patrones anómalos y automatizar la verificación de identidad de forma segura y sin fricción para el usuario. Estas características las convierten en soluciones que pueden mejorar la prevención del lavado de dinero en México.

“La innovación no es enemiga del cumplimiento: se puede ser riguroso y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia ágil y confiable”, explica José Pablo Diethelm, Jefe de Asuntos Jurídicos y Cumplimiento Normativo de Sumsub Latinoamérica. “No hay que tenerle miedo a la regulación; finalmente son estándares internacionales que buscan fortalecer la confianza en el sistema. Hoy  existen herramientas que permiten cumplir con la regulación sin generar fricciones innecesarias, mejorando la experiencia del usuario”.

Con soluciones de KYC, KYB, monitoreo de transacciones y AML, las empresas pueden organizar su proceso de verificación evitando fraudes. Una de las innovaciones más disruptivas es la verificación no documental (Non-Doc), que valida la identidad de una persona sin exigirle subir documentos físicos. A través de biometría, preguntas dinámicas y cruces de bases de datos, se puede confirmar la autenticidad del usuario en cuestión de segundos.

“Una verificación puede tardar días o unos pocos segundos; la diferencia está en la tecnología y los datos que utilizas”, añade Diethelm. “Con soluciones de verificación de identidades automatizadas, las empresas no solo cumplen plenamente con la norma, sino que también reducen costos y elevan la confianza del mercado”.

El cumplimiento como ventaja competitiva

La adopción de tecnología de cumplimiento deja de ser una obligación y se convierte en un diferenciador estratégico. Las compañías que evalúan riesgos automatizan reportes y verifican beneficiarios finales con IA reducen su exposición a sanciones y mejoran su reputación ante socios financieros y tecnológicos.

La UIF ha señalado que los próximos meses serán decisivos: las reglas secundarias de la reforma a la Ley Antilavado definirán plazos, criterios técnicos y procedimientos de interoperabilidad con los sistemas fiscales y bancarios.

“Cumplir con la ley también es una ventaja competitiva: la confianza que transmites al mercado se traduce en crecimiento sostenible”, subraya Diethelm. “Las empresas que vean la regulación no como una imposición, sino como una oportunidad, serán las que lideren el cambio”.

El costo de no adaptarse

Un punto clave en materia de detección, señala Diethelm, es lograr identificar la “apariencia” de legalidad. Fondos ilícitos que se disfrazan de ingresos legítimos —o viceversa, dinero proveniente de fuentes legítimas que se canalizan hacia fines ilícitos— representan el reto más complejo para los sistemas de detección.

Por eso, el modelo tradicional de “reaccionar ante la alerta” ya no es suficiente. México avanza hacia un enfoque basado en riesgo, donde cada cliente, transacción o socio comercial se evalúa desde el inicio por su nivel de exposición. Este modelo, en particular cuando se complementa con soluciones automatizadas basadas en Inteligencia Artificial para combatir el lavado de dinero, permite anticipar irregularidades antes de que se conviertan en problemas.

Las sanciones por incumplimiento pueden superar los 7 millones de pesos por infracción o bien ascender hasta el 100% del valor de la operación, pero sin duda el daño reputacional —y la pérdida de acceso a socios estratégicos— representa el costo más alto. En un entorno de trazabilidad total, ningún banco, fintech o proveedor internacional querrá poner en riesgo su confianza con una empresa que no cumpla los estándares digitales de verificación.

“Latinoamérica suele ir un paso detrás en materia de lucha contra el lavado de activos, pero puede aprovechar los beneficios de la innovación y de las soluciones automatizadas para ponerse a la vanguardia y alinearse con las mejores prácticas a nivel global”, concluye Diethelm. Con su nueva reforma y la apuesta por la digitalización del cumplimiento, México se posiciona para liderar una nueva etapa de prevención de lavado de dinero y ciberseguridad financiera.